Bilingüismo de doble vía

Algunos lectores de esta columna en la quincena anterior discreparon abiertamente de mis opiniones sobre lo que pasa con los idiomas originarios, constitucionalmente oficiales, pero rechazados en los trámites escritos ante las reparticiones del Estado. Se interesaron en enviar sus comentarios, lo que pone en evidencia que el tema sí es importante, aunque, como es natural, las divergencias y contradicciones pueden ser muy marcadas. El tema es bastante complejo y además muy sensible, puesto que para algunos es remarcar las diferencias entre bolivianos en vez de insistir en aquello que más bien nos une, en este caso, el uso del idioma castellano para entendernos entre nosotros.

Los lectores que enviaron sus comentarios suponen que no es posible ni necesario que en el papeleo del mundo oficial se escriban los nombres propios tal cual deben escribirse, por lo menos en aymara o quechua, que son los idiomas que ya tienen más o menos normalizada su escritura. A uno le parece sencillamente impracticable. Y otro se pregunta: “¿Qué pasaría con un documento escrito en aymara, que tuviera que ser considerado en el TSJ, donde ninguno (o, por lo menos, no la mayoría) habla esa lengua?”. No aspirábamos a tanto, nos referíamos solo a los topónimos (nombres de lugares), pero si se diera el caso, la solución sería muy sencilla: se traduce, pues.

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¿Idiomas oficiales?

El artículo 5 de la Constitución Política sostiene  que: “Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos  indígena originario campesinos, que son…” y luego viene la lista alfabética de 36 idiomas, que comienza con el aymara (a) y termina en el zamuco (z). El inciso siguiente de este mismo artículo constitucional dice que el Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales, uno de ellos debe ser el castellano y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población.

Hasta aquí todo está bien, parece un paso importante de reconocimiento de los pueblos originarios y su derecho elemental de usar “oficialmente” sus idiomas. Se supone que en las instancias del Estado debiera no solo hablarse, sino también escribirse en esas dos lenguas, el castellano y el correspondiente idioma local en uso. Pero, ¿qué está ocurriendo en la realidad? Nada ha cambiado. Seguimos viviendo en un Estado monolingüe que no admite el uso de las lenguas nativas, especialmente en cualquier trámite escrito.

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