40 años atrás: Mineros en defensa de sus emisoras de radio

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Al amanecer del 13 de enero de 1975, hace 40 años, una “operación comando” del gobierno de Banzer destrozó e incautó cuatro emisoras mineras: “21 de Diciembre” de Catavi, “La Voz del Minero” de Siglo XX, Radio “Llallagua” (de la población civil del mismo nombre) y Pio XII (propiedad de la Iglesia Católica). Además, detuvo y trasladó a La Paz a un grupo de trabajadores y a religiosos vinculados a la emisora católica.

A esta provocación le siguió un victorioso movimiento huelguístico de más de quince días. A continuación relato las incidencias de aquel acontecimiento memorable, apoyado en mis recuerdos y en documentos y escritos de la época.

La resistencia democrática

Desde el derrocamiento del general Juan José Torres y el triunfo del golpe de estado encabezado por Hugo Banzer Suárez (21 de agosto de 1971), fueron los mineros los principales protagonistas de la resistencia democrática. Y en particular los de Siglo XX y Catavi.
Ya en enero de 1972 –cuando en todo el país imperaba una sañuda persecución– los mineros de Siglo XX derrotaron al llamado Frente Popular Nacionalista (FPN), un instrumento de la dictadura integrado por la Falange, el MNR y las Fuerzas Armadas. Sus candidatos perdieron en las elecciones sindicales ante un frente único de las fuerzas de izquierda encabezado por Gilberto Bernal.
El directorio elegido en esa ocasión no pudo renovarse hasta 1975, se encontraba debilitado y en crisis, pero los demás instrumentos democráticos de los trabajadores, como las asambleas seccionales, los consejos de delegados, las radioemisoras “La Voz del Minero” y “21 de Diciembre”, no habían dejado de funcionar.
Asimismo, frente a los decretos-ley del 9 de noviembre de 1974 que instauraban el “Nuevo Orden”, poniendo en receso toda actividad sindical y política, fue en Siglo XX donde surgió el primer comité de bases como respuesta a la designación de “coordinadores” sindicales nombrados a dedo desde el Ministerio de Trabajo.
Por todo ello, no era de extrañar la ira gubernamental desatada contra Siglo XX y Catavi.
En rigor de verdad, sólo con la ocupación militar de los centros mineros, el 9 de junio de 1976, se cortó transitoriamente la existencia organizada de los sindicatos y el clima de libertades que los trabajadores habían logrado mantener en este distrito contra viento y marea, desde 1971. Pero esta interrupción duró poco tiempo, pues la resistencia continuó a través de formas diversas hasta que la huelga de hambre de las mujeres mineras, a fines del 1977, desencadenó la movilización general que terminó arrinconando a la dictadura. Enero del 75 fue un hito remarcable en ese largo proceso.

Desacato a la dictadura
El gobierno buscaba debilitar la resistencia de los mineros pues en este distrito no lograba liquidar la organización sindical y mucho menos imponer a sus “coordinadores”, mientras que en otros sectores y minas pequeñas lo estaba consiguiendo. Asimismo, el funcionamiento de las emisoras significaba mantener la libertad de expresión, en momentos en que el país era transformado en un inmenso cuartel, con miles de perseguidos, presos políticos y exiliados, entre ellos más de cincuenta periodistas. Los medios de difusión privados se sometían a la voluntad dictatorial gracias al temor o a la complicidad de sus dueños dando lugar a la práctica generalizada de la autocensura.
Las pocas voces discordantes desde noviembre eran: la posición asumida por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) respondida por el gobierno con la detención de sus principales dirigentes (Víctor López, Oscar Salas, Irineo Pimentel, Alberto Jara) y la férrea determinación de los trabajadores de Siglo XX y Catavi de no permitir la destrucción de sus organizaciones sindicales de base.
Por otra parte, aquellos días el gobierno preparaba un “paquete” económico antipopular. La acción del 13 de enero venía a ser un preámbulo a esas medidas. Se adelantaban a reprimir a sabiendas de que en estos centros mineros hallarían una dura oposición a sus políticas denunciadas como hambreadoras.
Analizando los resultados, podría decirse que los cálculos de la dictadura resultaron fallidos. Entusiasmada con sus aparentes éxitos iniciales no contó con la firme, unida y combativa resistencia minera, mucho menos que ésta provocaría reacciones en cadena en otros sectores laborales y estudiantiles.

Comienza la batalla

Al amanecer de ese 13 de enero, como era habitual mientras se preparaban para ingresar al trabajo, los mineros encendieron sus receptores de radio y se encontraron con un silencio absoluto. Ninguna emisora respondía. Todas habían sido acalladas pocas horas antes.
De inmediato estalló la protesta, nadie ingresó a trabajar. En el campamento de Siglo XX sonó la sirena del sindicato, se formaron asambleas espontáneas en las calles y en las cercanías de la bocamina. Luego los trabajadores se agruparon y bajaron hacia Catavi en una enorme columna de protesta.
Desde esos instantes me sentí irresistiblemente arrastrado a involucrarme en tales acontecimientos que, como es de imaginar, marcaron profundamente mi iniciación en el oficio periodístico.
En Catavi se realizó la primera asamblea conjunta. Los asalariados de la Empresa Minera Catavi, entonces aproximadamente 5.000, estaban agrupados en dos organizaciones laborales: los sindicatos de Catavi y de Siglo XX.
La agitada reunión aprobó un paro de protesta de 96 horas (cuatro días), no obstante que muchos eran partidarios de ingresar directamente a una huelga general indefinida. Tal era la bronca multitudinaria por el atentado a las emisoras.
Algunos dirigentes reflexionaron sobre el riesgo de ingresar a una situación sin salida, donde se juegan de una sola vez todas las cartas, por el todo o por el nada. Argumentaron que era mejor calcular el probable desarrollo de los acontecimientos, buscar aliados, reforzar la unidad y mantener una movilización permanente.
Según mis recuerdos, en esas primeras 96 horas podía notarse cierta debilidad en la participación de las bases, aunque sí tenían lugar reuniones informales permanentes de los delegados de las diferentes secciones. También la ausencia de una conducción compacta y algo de confusión pues estaban, por una parte, las comisiones de base tanto de Catavi como de Siglo XX, la dirección sindical legítima de Catavi elegida poco antes y lo que quedaba de la cuestionada y prorrogada dirección de Siglo XX. Por otra parte, la llamada Comisión Política cuya representación y atribuciones no estaban claras y que algunos partidos querían legitimar a toda costa a tono con el Frente Revolucionario Antiimperialista (FRA) que habían organizado sin éxito los bolivianos exiliados en Chile.
Al día siguiente se aprobó una enérgica carta abierta al presidente Banzer que me tocó redactar, a pedido de los dirigentes. Allí se planteaban las razones del conflicto y las bases para solucionarlo: devolución y reparación de las emisoras, libertad de los detenidos y respeto a la organización sindical de los trabajadores. La difusión de este documento se confió a la Iglesia Católica, pero sin resultados. Quizá los obispos la entregaron sólo al destinatario y no la dieron a conocer a la opinión pública. ¿O intentaron hacerlo y no lo lograron dada la autocensura reinante?
Otro hecho de alguna importancia en esos primeros momentos fue la conexión radial con el gerente general de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), general Jesús Vía Soliz. Este “general gerente”, preocupado por la paralización de la producción quería auspiciar conversaciones entre la dirigentes mineros y el gobierno para lo cual ofrecía garantías para que una delegación viaje a La Paz. Daba la impresión que Vía Soliz expresaba una de las posiciones en el seno del gobierno, proclive a dialogar con los trabajadores, en contraposición a los más duros que sólo querían arremeter, representados por el ministro de Trabajo, Mario Vargas Salinas y otros militares.
La iniciativa de Vía Soliz no prosperó, primero por la natural desconfianza de los dirigentes y luego porque muy luego el proponente se endureció pretendiendo el levantamiento de la huelga como condición para dialogar, algo que se rechazó de manera unánime.
Mientras tanto, en el plano nacional el día 14 de enero por la noche el gobierno lanzó sus medidas económicas: congelación de salarios y precios, rebaja de aranceles de importación de algunos artículos como automóviles, heladeras, lavadoras y otros. Según se supo después, sobre el tema hubo profundas discrepancias en el equipo gubernamental y finalmente se lanzaron medidas paliativas que no afectaban bruscamente la economía popular como fue la devaluación monetaria de 1972. Para los mineros significaba que el descongelamiento de los salarios pasaba a ser un objetivo más de la lucha y que ésta atravesaría un periodo más o menos prolongado de avances y retrocesos. Sin embargo, algunas mentes exaltadas del movimiento huelguístico, creían que había llegado la hora de lanzarse a una batalla frontal “hasta las últimas consecuencias”.

Más fuerzas en la lucha

Fue también en esas 96 horas iniciales que comenzaron a surgir las primeras acciones de solidaridad. Hubo paros en la mina Unificada de Potosí y en la Empresa Minera Quechisla (donde los mineros se agrupaban en el Consejo Central Sud). Junto al apoyo a Siglo XX y Catavi los trabajadores de esas minas rechazaban a los coordinadores y estructuraban Comités de Base. Los universitarios de La Paz declararon un paro de 48 horas el 14 por la noche. El día 15 los trabajadores de la fábrica Manaco en Cochabamba entraron en huelga por la detención de sus dirigentes y en solidaridad con los mineros.
Ese mismo día 15 se plegaron al movimiento los trabajadores irregulares o “informales” de la localidad: locatarios, veneristas y lameros. Un total de aproximadamente otras 5000 personas.
Aunque faltaban puntos importantes como Huanuni y los fabriles de La Paz, Siglo XX y Catavi ya no estaban solos, contaban con poderosos factores de aliento.
Al interior del movimiento volvieron a surgir los debates ¿sólo han mejorado las posiciones para conseguir los objetivos iniciales? O, al contrario, ¿estamos en vísperas de de la “batalla final” contra el gobierno dictatorial?

Radicalismo al filo de la masacre

La segunda asamblea general fue el día 16 por la tarde. El gobierno respondía con avisos pagados en la prensa y por Canal 7 (único medio televisivo en esa época). Al parecer sólo hacía maniobras dilatorias para rendir a los mineros por cansancio.
Algunos dirigentes manejaron la idea de proponer a la asamblea que el paro se prolongase por otras 96 horas. Pero los ánimos de la gente eran distintos, lo que ya pude apreciar en la reunión de delegados realizada en la mañana. Casi sin oposición, por abrumadora mayoría, los trabajadores declararon la huelga general indefinida. Al calor de ese tono radicalizado nadie discutió las formulaciones contenidas en el documento aprobado. Ideas como estas:
“…llamamos al país a iniciar desde este momento la huelga nacional indefinida”
“… enarbolamos en alto no sólo nuestros objetivos inmediatos de mejora económicas y sociales, sino también, al mismo tiempo, nuestro objetivo histórico de la toma del poder por la clase obrera”.
Los objetivos iniciales de restitución de las emisoras acalladas y la libertad de los detenidos, prácticamente desaparecían en el horizonte de ese documento. Esto después fue muy criticado y calificado de pura fraseología, pues a partir de una lucha aislada y limitada que se propone defender las libertades democráticas (libertad de expresión, libertad de los presos políticos) y que sobre la marcha se plantea la lucha contra el congelamiento de los salarios, se da el salto y se llama a la huelga nacional “para conquistar los objetivos históricos de la clase obrera”.
Además, tras ese objetivo, en el punto segundo se dice: “funcionamiento, desde este momento, de un comando nacional dirigido por los sindicatos de Siglo XX y Catavi”.
Como esto podría significar un desconocimiento de hecho a las direcciones naturales del movimiento sindical como eran las perseguidas FSTMB y COB, los redactores del documento explicaron después que desde la clandestinidad un miembro del Comité Ejecutivo de la COB había instruido un paro nacional de 24 horas, del que nadie se enteró siquiera y “encomendó” a los sindicatos de Catavi y Siglo XX que dirigieran la lucha. Como es de imaginar, no existían las más mínimas condiciones para ejecutar esas decisiones…
Sólo al día siguiente, 17 de enero, se organizó el Comité Huelga con la representación de las cinco organizaciones sindicales que participaban en el movimiento. A esas alturas estaba claro que ya se habían conseguido dos cosas importantes: perforar el esquema del 9 de noviembre y despertar la solidaridad de varios distritos mineros, de sectores fabriles y universitarios y de sectores de la Iglesia Católica. También ese día el gobierno acusó falsamente a los mineros de haber declarado “territorios libres” a sus distritos con la finalidad obvia de crear las condiciones para desencadenar una masacre. Temor que se corrobora al día siguiente 18, con el cierre total del cerco sobre la región (durante casi 10 días todas las vías de acceso a Llallagua y Uncía estuvieron bloqueadas, suspendido todo tráfico de vehículos y personas).
El grueso de las fuerzas del ejército y la policía se concentraba en Uncía, según se supo más de 2600 efectivos. A la vez, la tensión aumentaba por la circulación de rumores alarmistas, agravados por la ausencia de información radial. Se esperaba una toma violenta de los campamentos en cualquier momento, la huelga continuaba con firmeza, pero había preocupación e incertidumbre sobre lo que podría ocurrir.
En tal situación quedó claro para mí, y seguramente para muchas personas, que no estábamos en las vísperas del “asalto final” a la fortaleza del fascismo y que era urgente encontrar una salida que por lo menos significara un triunfo parcial del movimiento. Pude apreciar sobre el terreno que los que días antes hablaban de “desempolvar los fusiles” comenzaron a decir que había que plantear solamente que no haya despidos de trabajadores. Los que hablaban de “conquistar los objetivos históricos” se lavaban las manos con el argumento de que “sólo el que hace algo puede equivocarse”. Otros decían incluso que había que “renunciar a las familias” y de pronto simplemente desaparecieron para ponerse a buen recaudo…
El Comité de Huelga se ocupaba de mantener la movilización, evitar los signos de decaimiento, seguir buscando apoyos y solidaridad y, al mismo tiempo, procuraba la mediación de la Iglesia Católica para abrir negociaciones y obtener, por lo menos, los puntos principales que habían sido señalados al iniciarse el conflicto. Esto es: resarcimiento del daño a las emisoras, garantías para su puesta en funcionamiento y libertad de los detenidos. Con pocas variantes esos fueron los carriles por los que se desenvolvieron las cosas hasta el final.

Culminación triunfal

En los siguientes días los sucesos importantes fueron: Guardias permanentes en los locales sindicales en forma rotativa a cargo de las diferentes secciones de trabajadores y amas de casa. Llegada de una misión gubernamental el día 22, las negociaciones el día 23 y la posterior ruptura el 24. Los comisionados pidieron hablar con las bases con la intención de rebasar al Comité de Huelga. Se convocó a una asamblea en el teatro de Catavi, donde quedó en evidencia la cohesión de los trabajadores y la firmeza con que defendían sus reclamos. Recuerdo que un trabajador les dijo muy airado a los delegados del gobierno que su familia apagaba el Canal 7 debido a las mentiras que propalaba y sólo lo encendían para ver la telenovela. Los emisarios salieron asustados y con las cajas destempladas por la puerta trasera del teatro.
Se conocieron nuevos apoyos de los distritos mineros de Siete Suyos y Colquiri, también de los universitarios de La Paz (el gobierno clausuró la UMSA por ese motivo).
El día 24 personeros del gobierno lanzaron acusaciones de una supuesta presencia de “extranjeros” que estarían dirigiendo la huelga. El periódico “El Diario” el día 25 anuncia una “reunión de alto nivel de las esferas del gobierno para adoptar medidas enérgicas”. “Presencia” titula su edición de ese mismo día con el anuncio de que “no habrá ocupación militar en las minas”. Pareciera que ambos periódicos expresaban sus propios deseos.
Lo evidente es que, a esas alturas, la huelga minera captaba la atención de todo el país, podía expandirse a otros centros mineros y en el seno de las Fuerzas Armadas no había acuerdo sobre la manera de enfrentarla. El conflicto, según se dijo, ya había ocasionado a COMIBOL la pérdida de más de dos millones de dólares.
En el panorama nacional pesaba también la detención esos días del ex presidente Hernán Siles Zuazo ligado a esfuerzos clandestinos de conformar un frente único contra el fascismo. Además, viendo las cosas a posteriori, puede apreciarse que a Banzer le urgía la solución del conflicto, necesitaba tener las manos libres para ir a abrazar en Charaña a su compinche Pinochet (el famoso encuentro entre los dos dictadores fue el 8 de febrero).
Posiblemente por esas razones, sin descartar los preparativos para una incursión sangrienta, el gobierno volvió al diálogo y no tuvo más remedio que hacer concesiones. La nueva comisión se presentó el sábado 25 y suscribió un borrador de acuerdo un día después. Una nueva asamblea discutió ese borrador el día 26, había desconfianza en el cumplimiento de algunos puntos, se hicieron varias sugerencias incluidas en un aditamento y finalmente se votó la suspensión de la huelga. Mucho antes de que los delegados firmaran el documento, el abogado de apellido España, asesor del Ministerio del Interior, informó a La Paz el fin del paro. Eso mostraba el gran apuro que tenían por acabar el conflicto que ellos mismos habían torpemente provocado.
El lunes 27 se realizó una nueva asamblea donde todavía había una fuerte resistencia a volver al trabajo, existía malestar por el mal estado de los aparatos de radio devueltos por el gobierno esa madrugada y por la tardanza en la llegada de los presos. Al final luego de extensas consideraciones se reiteró la votación de retorno al trabajo. De hecho las actividades productivas se normalizan sólo al día siguiente, 28 de enero.

Lecciones aprendidas

En resumen, la huelga de enero de 1975 protagonizada por los trabajadores mineros de Siglo XX y Catavi, como respuesta a la depredación policíaca de sus radioemisoras (entre las que ya figuraba con todo derecho radio “Pío XII”), fue una primera experiencia de rechazo organizado, unitario y combativo frente a la dictadura que el 9 de noviembre del año anterior había reforzado su estructura autoritaria mediante los decretos del “Nuevo Orden”.
La acción contó con la solidaridad de los mineros de Potosí, Consejo Central Sud, Colquiri y Matilde; los fabriles de Manaco y Flex en Cochabamba; los universitarios de San Andrés y la simpatía de todo el pueblo, amordazado pero no vencido.
Fue un punto alto de la acumulación democrática que desgastó seriamente a la dictadura. Un antecedente auspicioso para las acciones que a fines del año 77 y comienzos del 78 desarticularon el esquema dictatorial.
Como resultados concretos e inmediatos: liberaron a los que habían sido detenidos el 13 de enero, devolvieron los aparatos radiales robados y firmaron un compromiso de resarcimiento de los daños y reposición de los equipos destruidos. Mal que mal cumplieron este último aspecto en los meses siguientes, a cuenta de los recursos de la COMIBOL.
Tres a cuatro meses después las radios sindicales reanudaron sus emisiones y algunas lograron incluso obtener su documentación legal. Radio Pío XII demoró varios meses más, volvió al aire tras difíciles negociaciones de la Iglesia Católica con el gobierno.
Intensas jornadas de lucha que me dejaron recuerdos imborrables, dignos de compartir.

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El libro “Con a revolución en las venas: Los mineros de Siglo XX en la resistencia antifascista” (La Paz, mayo de 1980), recoge vivencias y observaciones de mi permanencia en Catavi y Siglo XX, de 1974 a 1976. Un capítulo de este que es mi primer libro está referido al tema aquí relatado . El diseño de la tapa es de Jaime Sevillano. Salió poco antes del golpe del 17 de julio de 1980 y un tercio de la edición se vendió en el Congreso Minero de Telamayu. La mayor parte del resto fue decomisada e incinerada por la dictadura).

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