El “narcovideo” en la agenda informativa de 1987

A fines de abril de 1987 se difundió un video en el que tres personeros del partido de Banzer aparecían en animada tertulia con el entonces “Rey” de la Cocaina, Roberto Suarez Gómez. El escandalete suscitado a continuación provocó efectos políticos colaterales totalmente inesperados, como la clausura de RTP y la consiguiente incursión de Carlos Palenque en la arena política. Los hechos están relatados en estas tres notas con sabor a crónica:

  • TODOS LOS HILOS LLEVAN A LA MISMA MADEJA
  • EL APRENDIZ DE BRUJO
  • EPÍLOGO, ENTRE BOMBEROS NO SE PISARON LA MANGUERA

[Introducción.- Entre octubre de 1986 y octubre de 1987, pasé un año bravo. Todos los domingos por la noche, sin fallar una sola semana, viajé de La Paz a Oruro para dar clases en la Carrera de Comunicación los lunes y martes, atendía nada menos que siete cursos, cuatro de primero y tres de segundo, en sólo 48 horas. Volvía a La Paz el martes por la noche generalmente durmiendo en el bus, al límite del agotamiento. Los miércoles a primera hora me incorporaba a la redacción del semanario “Aquí” bajo la dirección de Antonio Peredo, hasta que por turno distribuíamos el periódico a los canillitas cada sábado al amanecer. Sólo me quedaba el fin de semana para elaborar los artículos que me encargaba el Informe “R” del Centro de Documentación e Información (CEDOIN), dirigido entonces por Juan Cristóbal Soruco.

Me había llenado de trabajo por razones de subsistencia, claro, pero también no sé si para eludir o sobrellevar los complicadísimos problemas emocionales por los que atravesaba ese momento.

Confieso que el compromiso laboral que más esfuerzos me demandaba en esa “tripleta” era el del Informe “R”. Por ser una especie de periodismo interpretativo exigente, me obligaba a indagar, acumular datos y una mayor concentración a la hora de redactar, además de mecanografiar una versión final, a veces luego de varios borradores previos (ni en sueños había ya la computadora).

De esos artículos, publicados sin firma, seleccioné para mi libro ConTextos (2002) tres referidos al escándalo del “narcovideo”, asunto que saturó la agenda informativa de abril a junio de 1987. Lamentablemente, por razones de espacio los tuve que dejar fuera, no pudieron tener el privilegio de ser recopilados y ascender al formato libro. Pero, como ya estaban en versión digital se quedaron por ahí, navegando en la nube cibernética, hasta que casi por casualidad los encontré y decidí ofrecerlos desde el blog a mis lectores. Ellos dirán si valió la pena. Carlos Soria Galvarro, junio de 2015.]

  NARCOVIDEO (1):

TODOS LOS HILOS LLEVAN A LA MISMA MADEJA

Sólo la inminente llegada del Papa Juan Pablo II sacó transitoriamente de la atención ciudadana el escándalo suscitado a raíz del conocimiento público de un video en el que aparecen un dirigente político, un general de ejército en retiro y un empresario, en amable tertulia con el destronado “rey” de la cocaína, Roberto Suárez Gómez.

El 25 de abril de 1987, un diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Freddy Vargas Méndez, hizo entrega del “narco-video” al vicepresidente Julio Garrett, afirmando que durante un mes había intentado infructuosamente una audiencia para poner el material en manos del presidente Paz Estenssoro. Comenzó a destaparse la olla.

Interrogantes

Los medios de comunicación del país se han ocupado tan profusamente del asunto que su verdadera sustancia podría convertirse en algo difuso.

A esta paso, el bosque no dejará ver los árboles.

Parece pertinente, por tanto, dejar sentadas algunas interrogantes sobre el bullado caso.

¿Quién o quienes están circunstancialmente interesados en revelar esas conexiones, esencialmente políticas, de la mafia del narcotráfico?

¿Se trata de un intento orientado al esclarecimiento de la protección oficial de que goza esta actividad ilícita o, por el contrario, es una operación diversionista, de encubrimiento, para desviar la atención sobre las conexiones y protección a bandas más poderosas que la de Roberto Suárez?.

¿Se trata de un ajuste de cuentas del propio Suárez por compromisos no cumplidos? ¿Es un operativo de la DEA en su campaña antidrogas?

¿Qué tiene que ver en todo esto la presencia en Bolivia, pocos días antes, del procurador estadounidense Edwin Meese?

En fin, hay la sensación de que estas y otras interrogantes quedarán sin respuesta todavía.

Iceberg

Pensando solamente en lo que ocurre en amplios niveles del Poder Judicial y de la Policía, podría afirmarse que el caso del narcovideo es apenas la pequeña punta visible de algo extremadamente grande cuya estructura permanece oculta, aunque todos saben que está ahí.

Fue el mismo presidente Paz Estenssoro quien señaló que en el futuro Bolivia podría ser un país dominado por los narcotraficantes. A su vez, el diputado Vargas Méndez, cuya acción moralizadora (no se sabe si solitaria o concertada con alguien) se ha hecho noticia cotidiana, afirmó que es posible que las mafias de la droga financien las campañas de algunos partidos para las elecciones de 1989. Por su parte, la Comisión Andina de Juristas, en base al informe de una comisión especialmente asignada a estudiar el problema, sostuvo que Bolivia puede ser el primer país donde tomen el poder los narcotraficantes.

Se les olvidó decir que, en realidad, esto ya ocurrió en 1980 con García Meza por la vía del golpe de Estado. La diferencia está en que ahora podrían acceder al gobierno por la vía electoral. Esto si no deciden tocar nuevamente las puertas de los cuarteles.

Es perfectamente posible -y nadie puede descartarlo- que el poder político de los tributarios del negocio de la cocaína, crezca paralelamente con el crecimiento de su poderío económico, cada vez más indiscutible.

Los estudios oficiales y no oficiales realizados, no coinciden en las cifras exactas sobre el volumen de esta actividad ilícita, pero nadie pone en duda su significación. Según el informe de una repartición estatal, la producción de cocaína en Bolivia, genera alrededor de $us. 2.500 millones, de los cuales cuando menos $us. 200 millones se insertan en la economía legal. Además, representa el gravísimo problema social de cerca de 100.000 familias campesinas ocupadas en la producción excedentaria de hoja de coca, y quien sabe cuantas personas ocupadas en el amplio espectro de actividades conexas impulsadas por el efecto multiplicador de la producción de cocaína (comerciantes, transportistas, constructores, etc.)

Los Estados Unidos, principal mercado de la droga, entrega para la sustitución de cultivos y para la represión una mezquina ayuda en cuentagotas, mientras tanto el negocio crece como bola de nieve.

Concretamente, la Subsecretaría de Defensa Social, encargada del asunto, planteó para 1987 un presupuesto de Bs cuatro millones, el mismo que le fue rebajado en el proyecto de Ley Financial a 1.9 millones (menos de un millón de dólares al cambio de la fecha).

Con razón varias oficinas de narcóticos no disponen para pagar alquileres ni teléfonos. Y el asunto no cambiará con la simple reunión de reparticiones y la creación de un ministerio, como se viene hablando.

Narco política

Las investigaciones de la Comisión de Constitución y Policía Judicial están en curso. Si no se desvían o interrumpen, básicamente si Vargas Méndez no es un “bluff”, podrían producirse revelaciones de sensacional calibre, capaces incluso de producir cambios políticos significativos.

Entretanto, hay ya hechos verificados por la contundencia documental del video.

Alfredo Arce Carpio, jefe de la bancada parlamentaria de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y ex ministro del Interior del general Bánzer (en su propia casa fue asesinado Andrés Selich, su predecesor en el cargo); Mario Vargas Salinas, general retirado, de descollante actuación en la lucha antiguerrillera de 1967, también ex ministro de la dictadura, y Jorge Alvéstegui, gerente propietario de una empresa publicitaria y de espectáculos -todos ellos militantes de ADN- sostuvieron una entrevista con Roberto Suárez Gómez en su casa de Santa Cruz y fueron subrepticiamente filmados por una cámara indiscreta, a la cual sonríe significativamente el anfitrión. Vargas Salinas y Alvéstegui vuelven a aparecer en una fiesta realizada en la hacienda “El Tigre”, propiedad de Suárez Gómez.

Los tres implicados han dado versiones justificatorias distintas para explicar el asunto.

Arce Carpio dijo haber acudido por interés periodístico (pero supuestamente no encontró nada digno de publicar).

Vargas Salinas reconoció ser amigo personal del “padrino” y afirmó haber querido verificar personalmente el potencial militar que se le atribuye (tendrá que aclarar, entre otras cosas, por qué le dice a Suárez Gómez: “Roberto, yo le admiro, usted es un hombre valiente”).

Alvéstegui afirmó haber concurrido con la finalidad de hacer negocios publicitarios que no alcanzó a concretar.

Vargas Salinas agregó que las revelaciones obedecían a la finalidad de perjudicar políticamente a ADN. A la misma hora, Arce Carpio sostenía totalmente lo contrario. El primero fue “expulsado” del partido y, el segundo simplemente “suspendido”.

El propio Suárez Gómez, en llamada telefónica a un canal televisivo, instó a los protagonista a que digan la verdad o, de lo contrario, él se vería obligado a revelar los motivos de la entrevista. Afirmó también que el video le fue sustraído por Rodolfo Antelo Garrido.

A su vez, éste se pronunció recientemente afirmando que la cita fue concertada para pedir dinero a Suárez Gómez, para sobornar a diputados y senadores y ratificar el triunfo relativo del general Bánzer en las elecciones de 1985.

Quien entregó el video al diputado Vargas Méndez, el capitán de la Armada Jaime Paredes Sempértegui, utilizó la ocasión para poner de relieve sus viejas denuncias sobre corrupción en la institución castrense, las mismas que no merecieron la debida atención de la justicia militar a pesar de que se relacionan también con la protección al narcotráfico.

El ovillo tiene muchas puntas, pero todas conducen a la misma madeja: los productores de cocaína han penetrado en diversos mecanismos políticos e institucionales, donde “compran” protección para sus actividades.

El ex presidente Siles Zuazo fue defenestrado y, en última instancia, obligado a acortar su mandato en un año, a raíz de un problemático encuentro del funcionario Rafael Otazo, en ese entonces presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, con el inefable Roberto Suárez Gómez.

¿Qué derivaciones tendrá el escándalo actual?

El caso no está cerrado todavía, ni mucho menos.

NARCOVIDEO (2):

EL APRENDIZ DE BRUJO

En 1985, el año de los encuentros que registra el narcovideo, Roberto Suárez Gómez ya había traspuesto las fronteras de la leyenda y era, para cualquier ciudadano mínimamente informado en este país, el jefe de una “familia” cuyo imperio estaba construido sobre la elaboración y el tráfico de drogas. Alfredo Arce Carpio, Mario Vargas Salinas y Jorge Avéstegui Alexander no estaban obligados a saber que uno de los hombres que acompañaba a su anfitrión, era Pedro Saavedra, narcotraficante colombiano. Pero, evidentemente, sabían quién era Roberto Suárez Gómez.

El político, el militar y el empresario no pueden alegar ignorancia. Frente a este tipo de hechos sólo caben dos opciones: o se denuncia al presunto delincuente o se lo encubre.

En realidad, Arce Carpio, Vargas Salinas y Avéstegui no son casos aislados. Son solamente el ejemplo de la creciente aceptación real que tiene el narcotráfico en determinados sectores de la sociedad boliviana. Aceptación real aunque de “dientes para afuera” se lo condene.

Además, el narcotráfico no es solamente un indicador económico ausente oficialmente de las estadísticas oficiales. Como hecho económico, el comercio de la cocaína tiene sin lugar a dudas, sus expresiones sociales y políticas. Sería bueno admitirlo.

El narcovideo es apenas una muestra de que hay aceptación al narcotráfico en algunos círculos, y de que se convive con él aunque sin admitirlo públicamente. Es más, el narcotráfico, atenido a su poder económico, a las posiciones conquistadas en niveles del aparato estatal, judicial, policial y otros, está buscando su legalidad, pretendiendo alcanzar mayor aceptación social todavía.

El narcovideo no se descubrió por casualidad ni por descuido. Alguien lo puso en circulación con un deliberado propósito y hay interrogantes que aún no pueden despejarse.

El “affaire” llegó a su clímax cuando algunos de los involucrados aparecieron en un canal televisivo, donde los protagonistas principales fueron, nuevamente, Roberto Suárez Gómez (vía teléfono) y Roberto Suárez Levi, su hijo, ante la presencia silenciosa del presidente a.i. de la Comisión de Constitución, diputado Óscar Montaño, quien tuvo que escuchar las lecciones de moral y las acusaciones a su gobierno lanzadas por padre e hijo.

Consecuencias de este “affaire”, iniciado el 25 de abril de 1987, ya las hay y seguramente habrán más en el futuro, salvo que, a título de evitar riesgos para el proceso democrático y para no enlodar más a la dirigencia política del país, se opte por cerrar el caso.

Al otro lado, está la mayoría de los bolivianos que no tienen nada que ocultar y, menos, que perder y que quisieran despejar interrogantes y aclarar de una vez este tema.

En todo caso, quien armó deliberadamente el lío estará temiendo ahora quedar como aprendiz de brujo: desató fuerzas que ya no puede controlar y que pueden volverse contra él.

NARCOVIDEO (3):

EPÍLOGO, ENTRE BOMBEROS NO SE PISARON LA MANGUERA

El escándalo del narcovideo concluyó en un final insospechado. Dada la magnitud que asumió el problema, se esperaba una investigación más o menos acuciosa que permitiese establecer responsabilidades y restaurar la confianza en los partidos políticos del sistema, por la vía de hacer rodar unas cuantas cabezas.

Ocurrió lo inverso. El sesgo que tomaron los acontecimientos a partir de la noche en que el asunto llegó a su clímax, cuando acusados y acusadores protagonizaron un peculiar debate en Canal 4 y Radio Metropolitana, le permitió al gobierno adoptar una jugada política tendiente a poner punto final al problema con “borrón y cuenta nueva”.

Represalias

La indignación que produjo el desparpajo de los narcos, convertidos de pronto en astros moralizantes de la pantalla chica, brindó al gobierno el resquicio para zafarse del problema, comenzando por desviar la atención hacia el exabrupto de los conductores de Radio Televisión Popular (RTP).

La clausura de ambos medios de comunicación vino implacable el 15 de junio de 1987, rodeada del tácito consentimiento de los organismos gremiales de la prensa y el aval de una resolución camaral, en la que coincidieron los partidos oficialistas MNR y ADN, además del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Nueva Mayoría (MIR-NM) y la pertinaz insistencia del diputado Mario Rueda Peña, de Izquierda Democrática (ID).

El gobierno no esperó la tramitación de un proceso judicial ordinario que había iniciado el mismo día de la clausura, ni menos la aplicación de la antigua Ley de Imprenta como lo pidieron algunos sectores de opinión, particularmente la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (FTPB). Apeló a una decisión administrativa de la Dirección General de Telecomunicaciones y la licencia de operaciones para Radio Metropolitana y Canal 4, quedó suspendida por un año.

Paralelamente, el capitán Jaime Paredes Sempértegui, quien hizo entrega de los narcovideos, fue detenido y entregado a la justicia ordinaria por un procedimiento judicial burdamente manipulado. Fue alojado en “prisión preventiva” en el penal de San Pedro desde el 15 de junio pasado y ni con Hábeas Corpus sus abogados lograron ponerlo en libertad. De acusador se convirtió en acusado.

Preámbulo

El día 16 en la Cámara de Diputados, a través de un virtual consenso, se aprobó un solemne documento que hizo renacer en algunos la esperanza en que el Parlamento proseguiría con mano enérgica el esclarecimiento del problema. Pero, en realidad, fue el preámbulo para la decisión de “punto final” adoptada una semana más tarde.

El documento suscrito por las cabezas visibles de la mayoría de las bancadas –a excepción de Roger Cortéz de Patria Socialista (PS), Wálter Vásquez Michel del Eje de Convergencia Patriótica (ECP) y alguno que otro- denuncia que Bolivia es víctima de una nueva agresión de la delincuencia internacional que pretende tomar el poder político, utilizando el canallezco sistema de manchar la honra de las instituciones y poderes del Estado. Añade que esta conspiración se origina en un poder que puede superar peligrosamente la capacidad de defensa nacional y pone en riesgo el sistema democrático. Concluye en que no se pretende disculpar o encubrir supuestas transgresiones y que, por tanto, se investiga las denuncias en forma rápida, eficiente, responsable y de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país.

Se reorganizó la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial, sustituyendo al poco avisado Óscar Montaño, por el experimentado Álvaro Pérez del Castillo, pero desoyendo el pedido del Movimiento Bolivia Libre (MBL) y otros partidos de izquierda, que planteaban una participación multipartidaria en las investigaciones.

Que la investigación fue rápida, no cabe duda, pero responsable y eficiente es ya otro cantar.

Narcovideo = Huanchaca

El 22 de junio, la indicada Comisión expidió su sorprendente informe: se resuelve dar por terminada la investigación; se declara que el encuentro de Santa Cruz entre los narcotraficantes Roberto Suárez Gómez, Pedro Saavedra (colombiano) y Alfredo Arce Carpio, general Mario Vargas Salinas y los hermanos Alvéstegui Alexander, no constituye una “figura punible” pues estaba motivada por los descubrimientos arqueológicos de la familia Suárez. Por lo tanto, se absuelve de toda culpa al jefe de la bancada parlamentaria de ADN, levantando la licencia que se le otorgó con fines de investigación, se declara “poco estable” al capitán Paredes Sermpértegui y se lo acusa de haber incurrido en contradicciones, falsos testimonios, desacato al primer mandatario y apología del delito. A Rodolfo Antelo Garrido se lo considera igualmente un consumado mentiroso, difamador y calumniador.

La resolución aprobada en la Cámara de Diputados, por la mayoría oficialista (MNR-ADN) ante el reclamo enérgico de toda la oposición, además de dar por terminada la investigación dispone la remisión de obrados a la justicia ordinaria para los “fines que fueran de ley”. Lo que significa que el narcovideo tomará el mismo camino que el caso Huanchaca. Los jueces se encargarán de archivar el asunto o, en su caso, absolver a todos los implicados.

En relación a las “narcofotografías”, que involucran a la alta cúpula del MIR y personalmente a Jaime Paz Zamora, la respectiva resolución rechaza el anónimo que canalizó la denuncia, dispone archivo de obrados por no existir una denuncia en forma legal y recomienda al Ministerio Público recurra a lo establecido por ley “si hubiere lugar y fuera procedente”, en el caso del capitán retirado Isaac Chavarría Diez de Medina. Este último, protestando inocencia, publicó en los pasados días una solicitada en los periódicos en los que brinda sus señas y la dirección de su domicilio en Santa Cruz.

Es caso está cerrado virtualmente. Así protesten los partidos de oposición y muchos, sino la mayoría, de los medios de difusión.

Formalmente ya no hay nada más que hacer. Pero las secuelas que dejó el narcovideo, difícil de apreciarlas todavía, especialmente en el plano político, no dejarán de hacerse sentir en el futuro. Pareciera que el cuadro para las elecciones de 1989, ya no es el mismo desde el 25 de abril, día que se destapó la olla que presurosamente se ha tratado de tapar el 22 de junio.

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