En Bolivia se suele estudiar con detenimiento muchos temas de orden social. Variedad de personas e instituciones examinan del revés y del derecho distintos aspectos de la realidad. Sin embargo, no encuentro que alguien se dedique seria y sistemáticamente a cuantificar las pérdidas que ocasionan al país en su conjunto los bloqueos de carreteras, como el reciente protagonizado por los empresarios del transporte pesado.
Los estudiosos coinciden en que el asunto entraña aspectos políticos, claro está, puesto que supone acciones que pueden orientarse, de un modo implícito o algunas veces explícito, a sumar fuerzas a las corrientes de oposición o a conseguir determinados cambios en el ámbito político. Otras veces, como parece que ocurrió con los camioneros, se aprovecha el contexto político bajo la creencia de que las autoridades serán más fáciles de doblegar y las demandas serán mejor atendidas en un clima electoral saturado de búsqueda de simpatías. En otras palabras, se pone en marcha un mecanismo que solo puede ser calificado de chantaje.
No obstante, nadie se ocupa de establecer, con un mínimo de rigor, la secuela de daños materiales que ocasionan los cortes de carreteras. Por lo general, la cobertura periodística de estos acontecimientos se queda en la superficie. Especialmente para la televisión son una fiesta de imágenes: inmensas filas de vehículos varados; muchedumbres de viajeros pasando frío, hambre e inauditos sufrimientos; cientos de choferes angustiados junto a sus camiones; productos transportados en estado de descomposición, todo un variadísimo espectáculo.
Está bien, son los aspectos humanos, la parte visible del fenómeno. ¿Y lo que está detrás? Por de pronto digamos que, según se ha informado, la mitad de los turistas que habían hecho reservas no llegaron al Carnaval de Oruro. Este no es un dato menor, pero infelizmente no es el único. Alguien tendría que empezar a sumar lo que se perdió por exportaciones no realizadas y las secuelas que implican compromisos no cumplidos, por los productos echados a perder por no llegar a destino, y así, de seguido.
Lo más graves es que, solucionado o atenuado el conflicto, se tiende a respirar hondo y a olvidar los daños ocasionados. Hasta la próxima. Casi siempre nadie asume responsabilidades. Los delitos quedan en la más completa impunidad.
¿Delitos? Claro que sí. El inciso 7 del Art. 21 de la Constitución Política del Estado establece que las bolivianas y los bolivianos tenemos derecho “a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país”. Los empresarios del transporte pesado violaron abiertamente este derecho, y por lo menos sus dirigentes debieran ser enjuiciados. Es hora de sentar un precedente.
La rutina de los conflictos funciona más o menos así: primer paso, una demanda, por más insustancial, disparatada, injusta o extravagante que sea; segundo, la amenaza y los plazos perentorios; tercero, la “radicalización de las medidas de presión”, seguida del bloqueo “hasta las últimas consecuencias”; cuarto, el diálogo, generalmente a ruego de las autoridades; quinto y último, la firma de un convenio que recoge en todo o en parte la demanda inicial. Muchos líderes sociales y dirigentes de grupos de presión suponen que esta rutina no solamente es efectiva, sino que no existe otra forma de peticionar.
Es de lamentar, pero por la otra vía con frecuencia también se viola otro derecho: el señalado en el Art. 24: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta”. Sin embargo, funcionarios públicos de diferentes niveles, encargados de procesar demandas y peticiones, no dan respuestas formales y oportunas, esperan que el conflicto estalle para recién buscar los remedios, no hacen los esfuerzos necesarios para prevenir los conflictos ni manejan una suerte de alerta temprana para evitarlos. De ese modo, se adhieren a la rutina ya establecida, se convierten en parte de ella. Que la cacharpaya carnavalera y los culebrones virales no nos hagan olvidar que muchas cosas tienen que cambiar en esta materia. Y cuanto antes, mejor.
Carlos Soria Galvarro 