Comisión de la Verdad y apertura de archivos

En medio de los enredos que ensombrecen el panorama de este fin de año, a pesar de las incoherencias de unos y otros, y por encima de las estridencias desatadas por el apasionamiento político, hay en ciernes un avance positivo enfilado a saldar una antigua deuda histórica de la democracia. Se trata del tratamiento de una ley que debe establecer una Comisión de la Verdad para cerrar los casos de persecuciones, asesinatos, torturas, desapariciones y otros atentados contra los derechos humanos del periodo 1964-1982.

Si el tema no vuelve a estancarse o postergarse sin fecha como ocurrió anteriormente, si no se la deja de lado ante apremios políticos circunstanciales, en las próximas semanas esta ley con sus objetivos primigenios tendría que ser promulgada de una buena vez. Si esto ocurre, no solamente se atendería la mencionada cuenta pendiente, aspecto que ya de por sí es relevante. También se cumpliría un compromiso que, como Estado, Bolivia asumió en reiteradas oportunidades ante organismos internacionales y que venía soslayando sin una explicación coherente. Pero además, y esto es muy importante, la comisión a nominarse tendría la suficiente autoridad para ordenar la apertura de archivos clasificados, de todas las reparticiones del Estado y de cualquier otra institución pública o privada.

Hace poco, en actitud loable, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió la desclasificación de sus archivos, una poderosa señal que se esperaba sea imitada por otras instancias del aparato estatal. Si esto no ha ocurrido todavía por iniciativa propia, tendría que suceder ahora por mandato de la ley, si finalmente ésta se aprueba sin recortes ni limitaciones de última hora.

Quiere decir lo anterior que en  2017 podría crearse en el país un clima de saludable transparencia, por lo menos en lo que se refiere a fuentes documentales, en especial del sector del Ministerio de Defensa y de las reparticiones castrenses que están bajo su dependencia; entidades que hasta hoy han sido las más reticentes a la apertura de sus archivos, dejando la sensación de que se ocultan deliberadamente responsabilidades y evidencias de crímenes como el cometido con Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal, el fatídico 17 de julio de 1980.

En el año que está por llegar se cumple el medio siglo de la guerrilla de Ernesto Che Guevara, acontecimiento que está inmerso en el periodo antes señalado y que posee también diversas aristas investigables por la llamada Comisión de la Verdad. Por ejemplo: el asesinato y la desaparición forzada de prisioneros (entre ellos el propio Che, Simeón Cuba, Aniceto Reinaga, Julio Velasco, Jorge Vázquez Viaña y otros, además de la larga lista de fusilados en la guerrilla de Teoponte). El reparto de las pertenencias de los capturados como botín de guerra no impidió que una parte de la documentación incautada en las acciones fuera a parar a los archivos militares junto a los papeles producidos por la propia institución castrense.

A estas alturas y en correspondencia con el clima de apertura que podría generarse con la ley que comentamos, correspondería realizar un acopio sistemático y riguroso del material documental que ha quedado en manos privadas o ha desaparecido (como el caso de toda la documentación del juicio de Camiri contra el intelectual francés Regis Debray y el artista argentino Ciro Bustos). Pero a la vez es imprescindible abrir esos archivos, rompiendo el trato discriminatorio que ha imperado hasta el presente al permitir trabajar en ellos solo a los investigadores militares. Después de 50 años, no tiene sentido seguir guardando secretos que en gran medida ya no lo son.

La incoherencia manda

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LA INCOHERENCIA MANDA/

Aquí y Ahora. La Razón 20 de noviembre de 2016/

Rafael Puente ha dicho hace poco que falta realismo político a la conducción del partido de gobierno en lo relativo a la repostulación. Una crítica sensata de un antiguo militante de proceso de cambio, planteada en términos constructivos y fraternales. Puente no puede ser tildado de irreflexivo y menos de estar al servicio de la derecha o del imperio; pero se queda corto.

Muchos se preguntan, entre ellos quien escribe esta columna, si hay realmente un nivel de conducción en el partido de gobierno. ¿Existe un núcleo de dirección que analiza las complejas y cambiantes coyunturas, que debate y señala rumbos para el accionar político cotidiano? Por las incoherencias que vemos a diario es fácil llegar a la conclusión de que dicha conducción no funciona, o más directamente, no existe. Pareciera que el proceso se mueve al compás de impulsos intuitivos de sus líderes, particularmente del presidente Morales, los mismos que no siempre son acertados y oportunos. Decir una cosa y en la práctica hacer algo diferente es incoherencia, con todas sus letras.

Volviendo al tema de la repostulación, por ejemplo en balance colectivo tras el referéndum del 21 de febrero, llegan a la conclusión de que el tema debe ser abordado el 2018 y no antes. Esta decisión no se ha cumplido, pues a ojos vistas se viene haciendo todo lo contrario.

Se reducen los ingresos del país por la baja de los precios de nuestros productos exportables, pero las señales de austeridad brillan por su ausencia. Al contrario, aparecen síntomas de una “burocracia insensible y satisfecha” (como decía Lechín, refiriéndose a los movimientistas en el poder).

Se habla de autonomías y de hacer funcionar las atribuciones y competencias de los diferentes niveles del Estado, pero se ponen todas las trabas posibles a las autoridades electas que no son del bando oficial y se impone la tendencia a centralizar recursos. Se busca con ello continuar con la entrega desenfrenada de obras y obritas, no siempre adecuadamente priorizadas y con mayores riesgos de manejo irregular, aspecto que a su vez contradice el lema oficial de cero tolerancia a la corrupción.

Existen muchos desafíos y grandes proyectos de transformación, pero en vez de responder a los opositores con información precisa y con sólidos argumentos, el Gobierno se muestra empeñado en buscar triquiñuelas judiciales para inhabilitarlos. ¿Qué estrategia puede ser esa que brinda a los líderes opositores gran cartelera mediática y posibilidades de aparecer como víctimas?

Sin desmerecer todo lo bueno que se haya podido hacer en el tema sensible y vital del agua, ¿cómo no advertir que el asunto, especialmente en las ciudades, requería ser altamente priorizado y mejor atendido desde hace bastante tiempo?

Los responsables del proceso, si los hay, parece que no se ubican en la realidad; han perdido la capacidad de reconocer las fallas en que incurren con tanta frecuencia. Con solo recuperar la sencilla fórmula de austeridad, eficiencia y transparencia, darían un gran avance. Deberían recordar que el pueblo no solamente reclama coherencia, sino que sabe tomar muy en cuenta cuando ella está ausente.

Aquí y Ahora, La Razón. Frente a la crisis

Evo con el retrato del Che configurado con hojas de coca. Comportamiento ético del Che debiera inspirar…

30 de agosto de 2015

No se necesita ser especialista en economía para saber que desde siempre hay un comportamiento cíclico en el sistema capitalista, en el que como país estamos inmersos, más aún ahora en un mundo globalizado donde dominan los emporios financieros.

Esto significa que hay profundos altibajos, periodos de auge y de crecimiento acelerado, y periodos de inestabilidad y de crisis.

En lenguaje sencillo esto quiere decir que hay tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas. Y demás está decirlo, hay un montón de señales que nos están diciendo a gritos que hemos ingresado a una etapa de vacas flacas. Indicadores claves son los continuados descensos de los precios de nuestras exportaciones básicas: hidrocarburos y minerales.

Una de las grandes interrogantes es saber si en la larga etapa anterior de vacas gordas los responsables de la conducción del país tomaron las previsiones necesarias para enfrentar una situación como la que hemos comenzado a vivir y que puede ser prolongada y agudizarse todavía más, creando situaciones de generalizado malestar social. Se ha dicho que el alto nivel de las reservas internacionales netas (RIN) con las que cuenta el país proporciona el blindaje necesario para resistir la tormenta. Esto puede ser verdad, hasta cierto punto. Pero, a nuestro modesto entender, hay por lo menos tres líneas de acción que debieran ser activadas de manera complementaria: austeridad, eficiencia y transparencia. Y esto en todos los espacios y niveles de la gestión pública.

La austeridad puede alcanzarse limitando gastos y priorizando inversiones. Por ejemplo, reduciendo los viajes de la burocracia estatal, incluidos los del Presidente y Vicepresidente. También frenando la construcción de espacios deportivos, primero porque ya se han construido demasiados y porque están siendo subutilizados, dado que en muchos casos no surgieron de genuinas demandas de las comunidades, sino de caprichos y afanes de poder de algunos dirigentes. La inversión de los mermados recursos de las alcaldías, universidades, gobernaciones y Gobierno central debieran orientarse hacia rubros productivos o hacia urgentes requerimientos en salud.

Eficiencia significa no seguir inflando las planillas de funcionarios, exigir mayor rendimiento a los servidores públicos y sobre todo ejecutar las reservas acumuladas en caja y bancos a lo largo de varias gestiones, acabar con los proyectos paralizados por la molicie burocrática y la falta de iniciativa de las autoridades. Supone también disminuir la evasión tributaria y frenar el contrabando desde y hacia el país.

Transparencia implica acabar con el secretismo y no solamente permitir, sino fomentar el libre acceso a la información sobre los asuntos públicos. Esto no se consigue asfixiando, con la tenaza de la publicidad estatal, a periodistas y medios que critican determinados aspectos de la conducción gubernamental, en pleno ejercicio de sus derechos democráticos. Y también ratificando en la práctica, con hechos tangibles, que existe cero tolerancia a la corrupción, que no se espere a que los asuntos revienten, como en el Fondo Indígena, para recién ocuparse de ellos. ¿Qué hacían entretanto los organismos de control social, las unidades de transparencia creadas por todas partes y el mismísimo ministerio del ramo?

Austeridad, eficiencia y transparencia, como ama sua, ama qhella, ama llulla, y como la reivindicación marítima, nos comprometen a todos, nadie debiera sentirse excluido. Sospecho que solo de esa forma seremos capaces de resistir los embates de la crisis internacional que nos acecha y que ha comenzado a golpearnos.

Evo con el retrato del Che configurado con hojas de coca.

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